Quito, (EFE).- El respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, una mayor transparencia de la gestión pública y políticas a favor de la igualdad son parte de las demandas y recomendaciones de la sociedad civil para ser abordadas en la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el 14 y 15 de noviembre en Cuenca (Ecuador).
Estas recomendaciones integran la declaración final del decimoquinto Encuentro Cívico Iberoamericano, que fue consensuada este jueves por los delegados de veinticuatro plataformas y redes que agrupan a más de 2.600 organizaciones de la sociedad civil de los países de Iberoamérica, que se dieron cita en Quito.
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Entre las peticiones que forman parte de la declaración figura fortalecer el derecho a la participación ciudadana inclusiva con criterios de accesibilidad e interculturalidad en los procesos democráticos y su financiación adecuada para garantizar el ejercicio de este derecho por parte de todas las personas, especialmente aquellos grupos excluidos, en la toma de decisiones políticas y sociales.
El creciente avance de los discursos desinformadores
Los colectivos denunciaron «el creciente avance de los discursos desinformadores y que fomentan la violencia política y social, promovidos por movimientos antiderechos que no respetan las diversidades de género, etnia, migración, pobreza y discapacidad».
«Estos movimientos representan una amenaza para las conquistas sociales y los derechos humanos en la región», advirtieron.
«No habrá avance posible hacia sociedades democráticas, justas y sostenibles si las decisiones que se adopten no cuentan con la consulta previa, libre e informada con la sociedad civil y si no se garantizan los espacios de participación transparentes e inclusivos para toda la ciudadanía», agregaron.
También solicitaron «un entorno seguro, libre de represalias y criminalización para las personas y organizaciones que defienden derechos humanos, la defensa de sus territorios y el medio ambiente», así como concretar «políticas públicas para garantizar y promover el ejercicio pleno de los derechos humanos y dotarlas de los recursos financieros necesarios».
Las organizaciones de la sociedad civil también hicieron énfasis en el respeto de los derechos humanos durante los procesos de gestión migratoria, con especial atención a mujeres, infancia y personas con discapacidad.
Más inversión pública en salud y educación
Asimismo, demandaron políticas públicas para el acceso a la salud pública integral, incluyendo salud mental y adicciones, y aumentar la inversión de los sistemas de educación públicos para fomentar una educación pública inclusiva, accesible para todas las personas y de calidad, que contribuya al desarrollo de una ciudadanía crítica, con conciencia democrática y comprometida con los derechos humanos, la igualdad, la construcción de paz y la sostenibilidad.
También incidieron en el acceso a la vivienda digna, desde una perspectiva de inclusión social, así como en la soberanía alimentaria, facilitando el acceso a alimentación saludable y nutritiva, sobre todo para personas en situación de vulnerabilidad.
En política fiscal abogaron por políticas económicas y sociales redistributivas con normativas fiscales y tributarias progresivas, que incluyan mecanismos de control a la evasión y elusión fiscal.
Además, apuntaron «erradicar de forma inmediata los elementos estructurales de la cultura patriarcal que produce y reproduce las desigualdades de género para combatir las brechas de acceso a la educación y el trabajo, las salariales, de participación política y las diversas expresiones de las violencias basadas en género».
Reconocimiento a mujeres
En ese sentido, instaron a los Gobiernos a «reconocer el aporte de las mujeres en la reproducción de la vida y en la producción de riqueza, revalorizando los sistemas integrales de cuidados, entendiéndose como la propuesta para un nuevo modelo de sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y el planeta».
Y precisaron en la importancia de «asegurar que todas las políticas sean transversalizadas por la justicia climática con equidad para transformar los modelos de producción y consumo que agravan las desigualdades sociales, ambientales y económicas».
Tras recibir el documento, el subsecretario de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Arellano, señaló que las propuestas de la sociedad civil contribuirán a la construcción de una comunidad iberoamericana más justa, equitativa, innovadora, inclusiva y sostenible. EFE
