Tegucigalpa-. El Estado de Honduras ha perdido nuevamente en el proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) luego de que este rechazara su alegación de falta de jurisdicción en el caso presentado por inversionistas de la ZEDE Próspera.
El abogado Jorge Colindres explicó que la demanda no la presenta esta entidad como tal, sino tres grandes empresas que operan en la zona y que han invertido más de 150 millones de dólares.
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Asimismo, el apoderado legal indicó que si bien más de 260 empresas han tenido presencia en la ZEDE Próspera en los últimos años, pero solo estas tres compañías han tomado acciones legales, considerando que el país ha implementado políticas que afectan sus inversiones.
En relación con el arbitraje, Colindres criticó la estrategia del Estado hondureño, asegurando que se ha limitado a presentar acciones dilatorias sin éxito.
“Este es el tercer fracaso. Primero, el gobierno impugnó el nombramiento de uno de los árbitros del tribunal, pero perdió. Luego, intentó evitar que los documentos y grabaciones del proceso fueran públicos y también fracasó. Ahora, el tribunal ha rechazado su argumento de falta de jurisdicción”, declaró.
Además, el abogado mencionó que el gobierno ha insistido en que los inversionistas deben agotar los recursos legales en Honduras antes de recurrir al CIADI, un planteamiento que calificó como infundado.
Colindres también cuestionó el manejo del caso por parte de las autoridades, acusándolas de engañar a la población.
“El gobierno le dijo al pueblo que no había de qué preocuparse, que esas demandas no prosperarían porque había que agotar las vías internas. Esto lo dijo el comisionado presidencial Fernando García y la precandidata presidencial Rixi Moncada. Ellos incluso organizaron una conferencia de prensa para mentirle a la población, asegurando que las demandas no procederían. Todo esto es una mentira”, denunció.
Finalmente, el apoderado legal indicó que los inversionistas han solicitado al tribunal sancionar al Estado por actuar de mala fe y utilizar tácticas dilatorias que solo han incrementado los costos del proceso.
