Tegucigalpa.- El Estado de Honduras está en riesgo de quedar en la ruina económica, debido a las ocho demandas internacionales registradas este 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), las demandas son de: Honduras Próspera, JLL Capital, Autopistas del Atlántico, Scatec ASA, Norfund y KLP Norfund, Juan Carlos y Ernesto Arguello e Inversiones y Desarrollos Energéticos, los montos ronda por unos 380 mil millones de dólares aproximadamente.
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A principios del mes de agosto, el gobierno de Honduras, representado de la presidenta Iris Xiomara Castro, amenazó retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (BM), esto debido a un reclamo de USD 11.000 millones presentado por Honduras Prospera, una empresa estadounidense, con el argumento de que el CIADI ha violado “la ley y los procedimientos”. En abril de 2022 el gobierno hondureño derogó una ley de 2013 que permitía a la empresa estadounidense establecer una ciudad chárter en una zona económica especial (ZEE) en 2021.
En ese momento, los funcionarios de gobierno dijeron que hay «ausencia de legalidad» en el procedimiento de litigio que el CIADI, abrió con respecto al caso de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera contra el Estado de Honduras.
Empresa mexicana también demanda Honduras
En febrero de este año, la empresa mexicana de servicios financieros JLL Capital presentó una demanda contra el gobierno de Honduras ante el CIADI, por la confiscación del control de la empresa en contravención de una orden judicial.
En la petición, la compañía demandante ha señalado ante el CIADI el incumplimiento por parte del gobierno hondureño del Tratado de Libre Comercio entre México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Se sustenta en una expropiación judicial y denegación de justicia, a partir del control corporativo de la empresa hondureña Grupo CA Capital -cuyo mayor accionista es JLL Capital- obtenido mediante resoluciones judiciales ilegales procuradas por Amílcar Hernández, hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
OTRAS DEMANDAS CONTRA HONDURAS
La familia Rosenthal, dueña de Inversiones Continental Panamá, entabló una demanda contra el Estado de Honduras, ante el CIADI, que en ese momento el apoderado legal de la familia Rosenthal, Marlon Duarte, explicó que “el Grupo Continental conformó un Holding que se llama Inversiones Continental Panamá, que absorbía casi el cien por ciento de todas las empresas que tiene el Grupo Continental en Honduras, que es el consorcio de los Rosenthal”.
El defensor Duarte siguió manifestando que la demanda procedió “en base a la des proporcionalidad que se le hizo al Grupo Continental en Honduras, que le deviene a ellos un perjuicio económico como Holding en Panamá, un grupo económico que ellos tenían formando parte de su sistema accionario en ese país, fue destruido y ellos son los fiadores del mismo, por consiguiente ellos son los que presentan la demanda, es Inversiones Continental de Panamá”, precisó. A la fecha de la publicación de este artículo, la situación de este arbitraje está pendiente.
Aparte de esa demanda, hay dos casos por parte la empresa española Elsamex S.A. por la cual, el Estado de Honduras, perdió y debió pagar una indemnización de 11.3 millones de dólares. También dos demandas de la empresa italiana Astaldi SpA, siendo doce casos hasta el momento registrados en el CIADI de los cuales apenas tres ha sido concluidos y Honduras los ha perdido todos.
CASO DE DEMANDA EN GUATEMALA
En Guatemala existe un precedente reciente, después de un proceso arbitral de varios años, el cual un Tribunal Arbitral determinó que este país tendrá que pagar 46 millones de dólares debido a una demanda que perdió en arbitraje internacional, que sentencio que el Estado había incumplido las normas jurídicas contenidas en el Tratado de Libre Comercio, de los países de República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América sobre protección a inversiones extranjeras y deberá resarcir el daño a la empresa de capital extranjero «Teco Guatemala Holdings LLC».
¿Qué pasa si Honduras se retira del CIADI?
Según el portal Bretton Woods Observador, reporta que si incluso si Honduras se retira del CIADI por la demanda de Prospera, aún podrían presentarse casos del ISDS contra el país. Todavía tendría que defender el reclamo de USD 11.000 millones de Prospera, y cualquier otro presentado dentro de un período de seis meses desde la notificación formal de retiro. Honduras también podría estar sujeta a otros casos a través de uno de los ocho tratados bilaterales de inversión firmados que remiten el arbitraje al CIADI.
A pesar de la proliferación de cláusulas del ISDS en los acuerdos de comercio e inversión, la evidencia no indica que los acuerdos de inversión realmente estimulen la inversión o beneficien al país receptor. Un estudio de 2018 del Columbia on Sustainable Investment (CCSI) concluyó que “los beneficios esperados no se han materializado claramente, mientras que los costos han sido inesperadamente altos”, mientras que un meta análisis de 2020 realizado por los investigadores Jozef Brada et al. encontró “evidencia sólida de que el efecto de los acuerdos internacionales de inversión es tan pequeño como para considerarlo cero”.
La sociedad civil ha argumentado durante mucho tiempo que el CIADI es “profundamente defectuoso”, con un “sesgo percibido contra los Estados” y que las cláusulas de ISDS limitan el espacio político disponible para que los Estados actúen en interés de las personas. Los relatores especiales de la ONU también han sido muy críticos, reclamando a los Estados por priorizar las inversiones sobre los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia.
Una carta de mayo de 2023 firmada por cinco senadores estadounidenses y 28 miembros del Congreso de Estados Unidos señaló: “Las grandes empresas han armado … este régimen de solución de controversias defectuoso y antidemocrático para beneficiar sus propios intereses a expensas de los trabajadores, los consumidores y las pequeñas empresas en todo el mundo”. Las relaciones de poder en los tratados de inversión son a menudo inherentemente asimétricas y los inversores de los países del Norte Global tienen más probabilidades de ganar sus reclamos.
