Tegucigalpa.- El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, y los diputados hondureños de todo el espectro político solo tienen el interés de “obtener control sobre las instituciones hondureñas que en fortalecerlas”, señaló el informe “Honduras: Antecedentes y relaciones con Estados Unidos”, del Servicio de Investigación del Congreso (CRS).
Lo expuesto en el informe contrasta con la realidad política nacional, al tener a las fuerzas políticas en plena disputa por los organismos del Estado, como lo fue la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el nombramiento del Fiscal General y la más reciente discusión por seleccionar a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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El documento del autor Peter J. Meyer, especialista en Asuntos Latinoamericanos y Canadienses, recordó que la toma de posesión de la presidenta Castro en enero de 2022, y un nuevo congreso daban a Honduras la oportunidad de “comenzar a reconstruir las instituciones democráticas y el estado de derecho después de más de 12 años de retroceso tras el golpe de 2009”.
No obstante, la “incapacidad” o “falta de voluntad de los líderes políticos del país”, para forjar consenso exacerbó la polarización social y limitado la capacidad del Gobierno hondureño para abordar desafíos, incluyendo la pobreza, corrupción y la inseguridad generalizada.
El informe expone que, en la última década, Estados Unidos aumentó la asistencia extranjera a Honduras en un intento “por mejorar las condiciones de vida y abordar los factores subyacentes de la migración irregular hacia la frontera estadounidense”.
En asuntos de migración y aunque los encuentros anuales de la Patrulla Fronteriza de EEUU con migrantes hondureños disminuyeron desde que alcanzaron un nivel récord en el año fiscal 2021, acotó que estos son esfuerzos “difíciles y de largo plazo”, y las mejoras sostenidas probablemente “requerirán esfuerzos concertados por parte del gobierno hondureño y la comunidad internacional durante muchos años”, indicó.
Es probable que Congreso continúe evaluando la voluntad política del gobierno hondureño para promulgar reformas y colaborar “en las prioridades de Estados Unidos” mientras considera asignaciones de asistencia extranjera y otras leyes que pueden formar vínculos bilaterales, advirtió Meyer en el escrito.
Otras preocupaciones
El informe también revela preocupaciones porque a casi más de la mitad del mandato de la presidenta Castro, aún no se instala la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). También menciona que nueve diputados (siete de Libre) nombraron al Fiscal General y su Adjunto del Ministerio Público de manera “interina”.
Sobre los lazos bilaterales, menciona que, a pesar de la cooperación actual en muchas áreas, las relaciones entre Estados Unidos y Honduras “en ocasiones han sido tensas durante los últimos dos años”.
“La administración de Castro se ha enfadado con funcionarios estadounidenses que expresan públicamente preocupaciones sobre algunas acciones y políticas del gobierno hondureño, como los nombramientos interinos para el cargo de Fiscal General, y ha acusado al gobierno de Estados Unidos de hipocresía”, apuntó.
Igual mostró preocupación por el clima de inversión en Honduras. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, “los inversores informan que el rápido ritmo de los cambios legales y regulatorios, los persistentes mensajes gubernamentales que culpan al sector privado por la pobreza y la corrupción del país y la falta de un análisis riguroso de costo-beneficio que sustente la formulación de políticas económicas han creado un clima de incertidumbre” y causó “perturbaciones significativas” para las empresas estadounidenses que operan en Honduras.
CON INFORMACIÓN DE HONDUDIARIO.COM
