Tegucigalpa.- La crisis en el sistema público de salud vuelve a poner sobre la mesa el conflicto entre los derechos laborales y la obligación de garantizar la atención médica a la población. El abogado laboralista Germán Leizelar considera que el país cuenta con instancias para resolver estas diferencias, pero señala que la falta de voluntad política y la negociación de los conflictos han agravado el problema.
Su propuesta es avanzar hacia la declaratoria de ilegalidad de los movimientos que incumplan la normativa y aplicar las sanciones correspondientes.
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El reclamo laboral y la atención a los pacientes
Leizelar sostiene que los servicios públicos esenciales, entre ellos la salud, el agua y la electricidad, deben mantenerse para proteger el interés general. A su juicio, las diferencias administrativas entre los trabajadores y el Estado deben resolverse sin comprometer la prestación de servicios a la ciudadanía.
El abogado también cuestionó el uso de la expresión «asambleas informativas» cuando estas actividades implican la suspensión de labores. Considera que debe examinarse el efecto real de estas acciones y determinar si se ajustan al marco legal.
El profesional aclaró que no cuestiona el derecho de los empleados a recibir puntualmente sus salarios ni a reclamar cuando existen incumplimientos. Sin embargo, afirmó que, desde su perspectiva, algunas medidas gremiales han sobrepasado los límites de la reivindicación laboral y terminan presionando al Estado a costa de los usuarios.
Germán Leizelar cuestiona la politización de la crisis sanitaria
El abogado atribuyó parte del deterioro de la situación a la intervención de intereses políticos en los conflictos laborales. Según explicó, en lugar de resolver los problemas estructurales, distintos sectores han recurrido a negociaciones políticas que prolongan las dificultades.
Leizelar advirtió además sobre el debilitamiento de la institucionalidad y del respeto al Estado de derecho. A su criterio, el país enfrenta un escenario en el que la presión y la fuerza terminan desplazando los mecanismos legales para resolver las diferencias.
¿Qué propone el abogado para resolver los conflictos en salud?
Como ruta de actuación, Leizelar planteó que las autoridades competentes determinen la posible ilegalidad de los movimientos y, cuando corresponda conforme a la ley, apliquen las sanciones previstas para quienes participen en acciones irregulares.
El abogado considera que la salida requiere orden, diálogo, entendimiento y voluntad política para atender las causas de los conflictos. También insistió en que las decisiones deben encaminarse a recuperar la institucionalidad y evitar que las disputas entre las partes terminen afectando a los pacientes.
«Por las malas decisiones estamos viviendo el caos hoy», concluyó.
