San Pedro Sula- El Ministerio Público logró que se dictara auto de formal procesamiento contra el exintegrante de la Comisión Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Rigoberto Portillo Mejía. Al exfuncionario se le acusa de los delitos de asociación para delinquir, uso de información privilegiada, malversación por uso, complicidad de estafa y concusión.
De igual manera, la resolución judicial alcanza a Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del Ministerio Público, y a Jorge Luis Martínez Grijalva. Ambos enfrentarán proceso por asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad en malversación por uso y estafa, en perjuicio de la administración pública, la fe y los derechos fundamentales, además de un testigo protegido.
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Las investigaciones del ente acusador revelan la existencia de una estructura que operaba dentro de la OABI, dedicada a arrendar propiedades incautadas mediante contratos falsos o irregulares. Estas operaciones se realizaban al margen de los procedimientos administrativos establecidos, sin entregar documentación oficial a los supuestos arrendatarios.
Según el expediente, los acusados cobraban montos elevados por dichos arrendamientos, pero los fondos eran depositados en cuentas personales y no en las cuentas institucionales de la OABI, como establece la ley. Esta práctica habría generado un perjuicio económico al Estado y socavado la confianza en las instituciones encargadas de administrar bienes incautados.
Con este auto de formal procesamiento, el caso avanza hacia una nueva etapa judicial, en la que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los involucrados. El proceso continúa bajo medidas cautelares mientras se recopilan más pruebas sobre la presunta red de corrupción que operó dentro de la OABI y con apoyo de exfuncionarios del Ministerio Público.
