Tegucigalpa.- La justicia subió de nivel. La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró con lugar y por unanimidad la solicitud de antejuicio contra funcionarios clave de la alcaldía de Santa Rosa de Copán, dando luz verde al Ministerio Público para avanzar penalmente.
Entre los señalados figuran el alcalde Aníbal Erazo Alvarado y los regidores Miriam Elsy Aguilar Soriano y Nelson Omar Chacón, quienes ahora quedan formalmente expuestos a un requerimiento fiscal por el delito de malversación de caudales públicos por aplicación oficial diferente.
Según el Ministerio Público, el caso gira en torno a cinco hechos interrelacionados vinculados a la donación presuntamente irregular de un bien inmueble municipal, el cual estaba originalmente destinado a áreas verdes o proyectos sociales. El inmueble habría sido traspasado a favor de Dudie Magali Castañeda Chacón, madre del entonces director de Justicia Municipal de Santa Rosa de Copán.
El ente acusador sostiene que la donación se sustentó en una causa falsa de pobreza, utilizando como excusa una condición que no correspondía a la realidad. Además, el bien habría sido destinado a un fin distinto al autorizado, violentando la normativa administrativa vigente y generando un perjuicio patrimonial al Estado.
Con esta resolución, la Corte autoriza al Ministerio Público a proceder con la acción penal, marcando un punto de quiebre en un caso que pone bajo la lupa el uso —y abuso— de bienes municipales.
No obstante, la historia aún no termina. La defensa de los funcionarios apeló la decisión, por lo que el expediente ahora pasará a manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tendrá la última palabra sobre la validez del antejuicio.
Mientras tanto, el mensaje es claro: cuando los bienes públicos se usan como botín privado, la justicia —aunque tarde— termina tocando la puerta.










