Washington elevó este lunes la presión sobre funcionarios de América Latina. El Gobierno de Donald Trump anunció la revocación de visas y nuevas restricciones de entrada a Estados Unidos para funcionarios y ciudadanos de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de corrupción, narcotráfico y de socavar instituciones de gobiernos elegidos democráticamente.
La medida afecta especialmente a Bolivia, donde aparecen trece funcionarios o exfuncionarios y un empresario en la lista difundida por el Departamento de Estado. Entre ellos figuran el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
También te pueden interesarleer
Estados Unidos endurece restricciones migratorias contra funcionarios latinoamericanos
El Departamento de Estado señaló que las sanciones se amparan principalmente en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite restringir el ingreso a Estados Unidos de determinados ciudadanos extranjeros.
Según Washington, los afectados estarían vinculados con actividades que, de acuerdo con la Administración Trump, representan una amenaza para gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico.
Roger Mariaca figura entre los principales sancionados en Bolivia
En el caso del fiscal general boliviano, Estados Unidos también invocó la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, argumentando que Mariaca habría participado en casos de corrupción graves.
El Gobierno estadounidense sostuvo además que determinadas acciones atribuidas al fiscal ponen en riesgo los esfuerzos de Trump contra el narcoterrorismo y debilitan instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer.
Entre los ciudadanos bolivianos incluidos en las restricciones aparecen el fiscal superior Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrupción y de violencia contra la mujer Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz Alberto Zeballos y el coronel de Policía Frans William Cabrera.
La Administración estadounidense también declaró inelegibles para obtener visas en el futuro a otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con una visa estadounidense.
Colombia y Perú también aparecen en las nuevas medidas
En Colombia, las restricciones alcanzan al empresario Euclides Antonio Torres y a la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social, partido que forma parte de la coalición del Pacto Histórico, según recordó el Departamento de Estado.
En Perú fue sancionado el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez.
El comunicado también señala restricciones contra otros dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, aunque Washington no reveló sus identidades.
El Departamento de Estado cerró su comunicado con un mensaje dirigido a funcionarios y personas que, según la Administración estadounidense, estarían involucrados en corrupción o protegerían a personas vinculadas con actividades criminales.
La decisión amplía el uso de restricciones migratorias como herramienta de presión de Washington hacia funcionarios y actores políticos de América Latina.
