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Siete implicados son procesados penalmente en caso «Corrupción Sobre Ruedas»

Tegucigalpa. El Ministerio Público, a través de un comunicado en su sitio web, informó hoy acerca del Auto de Formal Procesamiento contra siete exfuncionarios gubernamentales por el resonado caso de «Corrupción Sobre Ruedas». La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), encargada de la investigación del caso, notificó, por unanimidad de votos, la resolución contra los acusados.

Juan Ramón Maradiaga Franco (gerente administrativo de Banadesa), David Eduardo Ortiz Hawit (gerente financiero de BANADESA), Elmer Jeovany Ordóñez Espinal (jefe de control interno de BANADESA), Gonzalo Molina Solórzano (jefe de proveduria de BANADESA), Harvys Herrera Carballo (gerente administrativo de Casa Presidencial), Claudia Noriega González (coordinadora del Proyecto Tarjeta La Cachureca) y Karol Vanessa Alvarado Izaguirre (gerente financiera de Casa Presidencial y jefa de presupuesto de SEDIS) son los implicados en distintas causas y líneas de investigación por corrupción en funciones estatales.

Rosario de delitos y acusaciones

La UFERCO, creada este año, como ente externo de investigación del Ministerio Público, causó revuelo tras suplantar a la UFECIC (Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción), que había logrado avances en distintos frentes de investigación en casos de corrupción en la palestra estatal.

Entre los delitos que atañerían a  los exfuncionarios discurren violación de los deberes de los funcionarios, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude (Maradiaga Franco, Ortiz Hawit y Molina Solórzano). En tanto, a Ordóñez Espinal, se le acusa por 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 de fraude; contra Herrera Carballo, aparece un delito de violación de los deberes de los funcionarios. Contra Noruega González por 43 delitos de fraude; contra Alvarado Izaguirre, por un delito de violación de los deberes de los funcionarios más 43 de fraude. Estos contemplados entre el artículo 376 y 240-A del Código Penal.

El nombre de una octava figura aparece como imputado por 17 delitos de fraude. El funcionario, de nombre Carlos Josué Romero Puerto, fungió como coordinador del Proyecto PRAF-BANADESA). Esta última institución sirvió, según la investigación, para absorber fondos y destinarlos en empresas de fachada. El Bono 10 Mil, un programa gubernamental de asistencia social, habría sido uno de los primeros fondos de sustracción en el caso de corrupción.

Dinero destinado a campañas políticas

Las cómplices Carol Alvarado y Claudia Noriega, según se relata en el informe de investigación, habrían facilitado una empresa de fachada llamada Servicios e Inversiones AID. Allí se depositarían fondos destinados al financiamiento de campañas políticas. Algo que se repetiría tras la confirmación, por ejemplo, en el caso de corrupción del IHSS, cuando el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, reconoció que fondos de esa remendada institución sirvieron para financiar su campaña presidencial. Aún no se esclarece si en el caso «Corrupción Sobre Ruedas» esos fondos habrían sido depositados al Partido Nacional de Honduras.

Vehículos blindados adornando campañas políticas

En el informe de UFERCO se detalla que, el segundo mecanismo, tras el de fachada empresarial, fue el del arrendamiento de vehículos de lujo que los acusados, entre cómplices y autores, realizaron con fondos del programa Bono 10 Mil. El argumento utilizado por la maraña de autores habría sido el de exponer que un funcionario murió asesinado al entregar el referido bono (algo que nunca fue confirmado por ningún ente judicial o policial). Por ello, los funcionarios, que en su mayoría dirigían los destinos de esas instituciones, procedieron a contratar dichos vehículos blindados (tipo Toyota Land Cruiser Prado, especialmente).

Dicho alquiler habría sido pagado a través de la empresa AID, ya con los mecanismos habilitados para facilitar los supuestos actos de corrupción. La cifra, que se pagó con cheques no negociables, según UFERCO, ascendía a los 4 millones, 154 mil 20 lempiras. En cambio, señala el informe, las lujosas camionetas eran utilizadas, en todo caso, por figuras políticas en sus reuniones y campañas políticas.

En el informe, se detalla que, más allá del traslado en las camionetas blindadas que servían a figuras del Partido Nacional (en funciones desde hace 10 años), también se encontraron indicios y señalamientos que detallan cómo, a nombre de AID, se extendieron recursos que sirvieron para pagar gastos de hospedaje a los asistentes de una convención política del Partido Nacional en Comayagua, el 15 de marzo de 2014 (en la recta de las Elecciones Generales en las que resultaría electo Juan Orlando Hernández).

UFECIC y ahora UFERCO lograron, en coordinación con la extinta MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras) y ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal), el aseguramiento e inmovilización de los lujosos vehículos y de la empresa Representaciones Montes y Distribuidora de Productos, de quienes Carol Vanessa Alvarado y su esposo José Antonio Galdames (acusados en las líneas de investigación) son socios.