Tegucigalpa, (EFE).- La Asociación de Fiscales de Honduras responsabilizó este martes al fiscal general del país, Óscar Chinchilla, de la crisis en el Ministerio Público, donde empleados mantienen un paro de labores desde hace más de un mes para exigir un aumento salarial, cuyo monto total asciende a 23,7 millones de dólares.
La crisis «histórica» en el Ministerio Público pudo evitarse si el fiscal general de Honduras hubiera agilizado el aumento de salario a los 3.700 empleados de la institución, indicaron representantes de la Asociación de Fiscales luego de reunirse con diputados del Parlamento hondureño.
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Denunciaron «la negligencia y renuencia» de Chinchilla para poner fin a la crisis de los empleados del Ministerio Público, que exigen una partida de 582 millones de lempiras (23,7 millones de dólares) para que 3.700 trabajadores reciban un incremento del 15 % de su salario.
La crisis «no es culpa de nosotros, hay un culpable y es el fiscal general de la República, nosotros estamos acá para pedir un apoyo de las bancadas» del Parlamento hondureño, subrayaron.
Agregaron además que la protesta de fiscales, investigadores y médicos forenses «no se detiene» hasta que sean depositados los 23,7 millones de dólares que necesita el Ministerio Público para hacer posible el incremento de salario.
Un grupo de empleados del Ministerio Público se mantiene en la parte baja del edificio del Parlamento hondureño, en el centro de Tegucigalpa, exigiendo mejores condiciones laborales.
El diputado Tomás Ramírez, del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo a periodistas que el Estado hondureño «no puede seguir con tanto caos y tantas situaciones sin resolver».
Pidió a la junta directiva del Parlamento hondureño que «tomé acciones» para buscar una solución a esta crisis a través del fiscal general o la Secretaría de Finanzas.
Ramírez afirmó que el reclamo de los empleados del Ministerio Público es «justo» y apeló a «la voluntad» de los diputados para encontrar una solución al problema de la institución.
Los empleados del Ministerio Público suspendieron la semana pasada el levantamiento e identificación de cadáveres, así como de pericias y las autopsias, como medida de presión.
El Supremo hondureño autorizó el día 14 que los jueces de paz realicen el levantamiento e identificación de cadáveres, pero algunos los han hecho los familiares de las víctimas. EFE
CON INFORMACIÓN DE EFE
