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Congreso Nacional aprueba nuevas prohibiciones y requisitos para miembros de entes electorales

Tegucigalpa. Las reformas electorales en Honduras continúan demarcándose hacia nuevas disposiciones y requisitos a aquellos ciudadanos que participen en los distintos entes electorales durante los próximos procesos de elección nacional. Hoy, el pleno del Congreso Nacional, en reunión, aprobó las nuevas medidas, que abarcan 27 al 42, de los 33 artículos que conforman el nuevo reglamento electoral.

Dentro de la baraja de requisitos y prohibiciones, que se señalan como inventivas que pretenderán apaciguar y llenar los vacíos de transparencia en procesos electivos anteriores, marcados por las profusas irregularidades, aparecen los procedimientos para la selección y nombramiento de los consejeros miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), máximo organismo electoral.

Además, algunas consideraciones relacionadas a consejos departamentales electorales, consejos municipales electorales y juntas receptoras de votos. De las prácticas de señalamiento directo por parte de los partidos a ciudadanos en las mesas electorales u otros entes, pretenden los legisladores eliminar de la palestra electoral. Esto a través de una acreditación directa del CNE mediante procesos de selección personalizados.

Por otra parte, los encargados de los organismos electorales a nivel departamental y municipal serán considerados funcionarios del Estado de Honduras, durante el proceso de elecciones. Una medida que podría interpretarse como aumento de responsabilidades judiciales en caso de incurrir en actos de corrupción.

Se señala en el informe, que dichos cargos departamentales o municipales solo podrán desempeñarlos ciudadanos cuyo censo establezca que pertenecen a ese electorado. Tampoco se permitirá que ciudadanos que opten a cargos populares o que funjan como tal en ese momento, participen como colaboradores del CNE. Algo que parecería inusitado, pero que en Honduras ha ocurrido en diversos procesos. Tampoco funcionarios que se desempeñen en instituciones que participen en concesiones de explotación de riquezas naturales, contratistas de servicios y obras pagadas con fondos estatales.

Por último, el punto siempre discutido en los procesos de reforma electoral discurre entre el papel de activistas, agitadores o difusores políticos en campaña que conforman las mesas electorales. Con la nueva reforma, se pretende -se interpreta en el dictamen- investigar a los participantes y evitar la filtración de estos en los procesos electivos.