Tegucigalpa- El estado de excepción y el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen aprobado en Honduras para frenar la violencia ha avivado el debate sobre la participación de militares en tareas de seguridad, con posturas diversas: expertos defienden la medida, defensores y la comunidad internacional la rechazan.
El especialista en criminalística Gonzalo Sánchez ve con buenos ojos la implementación del estado de excepción y la incorporación de las Fuerzas Armadas de Honduras en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común
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La violencia que azota a Honduras constituye «una emergencia nacional», por lo que Sánchez dijo a EFE que utilizar militares en labores de seguridad pública podría ser la solución para combatir la ola de criminalidad en el país, donde en promedio se registran entre diez y quince homicidios diarios.
El Gobierno de Honduras aprobó el pasado viernes el Plan Nacional y la ampliación por seis meses más del estado de excepción, que rige parcialmente desde febrero pasado, en una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que encabeza la presidenta del país, la izquierdista Xiomara Castro.
Durante el régimen de excepción, con el que la presidenta Castro le ha declarado «la guerra» a las pandillas, quedan suspendidas las garantías constitucionales, con el fin de frenar la violencia y otros delitos como la extorsión por parte de bandas criminales, un flagelo que en el presente siglo ha dejado centenares de muertos y muchos negocios en la ruina.
Muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se han negado a pagar el llamado «impuesto de guerra», extorsión de grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como «maras», para permitir que los negocios funcionen, se han visto obligados a cerrar o desplazarse internamente en el país.
El pago que exigen los extorsionistas ha llevado a la quiebra no solo pequeños y medianos negocios, sino también a empresarios del sector transporte, que incluye a taxis, servicio interurbano y transporte de carga de diversos productos y servicios.
Muchos de los afectados por la extorsión no interponen la denuncia ante las autoridades por miedo, ya que, según la Policía Nacional, agentes y militares, entre activos y retirados, y operadores de justicia, forman parte de esos grupos.
SOLUCIÓN PARA COMBATIR VIOLENCIA VERSUS VIOLACIÓN DE DD.HH.
En opinión de Gonzalo Sánchez, en Honduras «hay voluntad política» para frenar a las estructuras criminales que le han hecho «bastante daño» al país centroamericano, con una población de 9,7 millones de habitantes.
El experto también cree que incluir a las Fuerzas Armadas de Honduras en labores de seguridad pública, algo que organizaciones civiles y defensores de derechos humanos califican como militarización del país, «es la mejor decisión» que ha tomado el Gobierno porque la violencia «ya se salió de control» en la nación.
Según el Plan Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) colaborará en acciones y actividades de seguridad, mientras que las Fuerzas Armadas cooperarán con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como «Centros de Reclusión de Emergencia».
El Gobierno hondureño defiende el estado de excepción como una medida eficaz para combatir la criminalidad y proteger a la población, a pesar de las preocupaciones planteadas por diferentes sectores, entre ellos la Organización de Naciones Unidas (ONU) y defensores de derechos humanos.
El estado de excepción, que según algunos sectores Honduras «copió» al implementado por El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, faculta a las autoridades a restringir la libertad de circulación y reunión, registrar domicilios y efectuar capturas sin orden judicial, lo que organizaciones de derechos humanos consideran que podría abrir la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos en el país.
La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, indicó a EFE que el estado de excepción podría derivar en «detenciones arbitrarias» que pueden favorecer «escenarios de tortura y desapariciones forzadas»
Señaló que el despliegue de soldados para luchar contra los grupos delictivos «compromete los esfuerzos de desmilitarización» de la seguridad ciudadana en Honduras, mientras que el estado de excepción «abre la puerta a vulneraciones reiteradas y sistemáticas de los derechos humanos».
Izaguirre coincide con la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), Isabel Albaladejo, en que Honduras requiere una «estrategia integral» de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
El organismo hondureño de derechos humanos y la Oacnudh también han expresado su preocupación por la recurrencia del estado de excepción, pues consideran que no ofrece «soluciones estructurales y duraderas» frente a la violencia causada por el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas.
A estas bandas se les atribuyen la mayoría de homicidios registrados en Honduras, país que reportó 3.519 muertes violentas en 2022, según datos oficiales.
CON INFORMACIÓN EFE
