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El IAIP señala que no son un tribunal de justicia para acusar a servidores públicos y adelantan que las ONG deben rendir cuentas

El IAIP señala que no son un tribunal de justicia para acusar a servidores públicos y adelantan que las ONG deben rendir cuentas

Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, ante el presunto ataque a la institución, reveló mediante conferencia que no son un tribunal de justicia, ya que la única facultad que tienen es presentar los informes a los entes competentes para que estos puedan llevar a cabo acciones.

«No somos un tribunal de justicia, la ley le da la facultad al instituto de que sancione a aquellos servidores públicos que violentan la ley, pero no tenemos otra facultad para acusarlos más que presentar los informes antes los órganos competentes para que puedan hacer sus acciones investigativas», inició diciendo la funcionaria.

Asimismo, dijo que no se quiera manipular el que hacer de la institución, ya que se encuentran enfocados en que el ciudadano tiene el derecho de acceder a la información pública que es generada por las instituciones.

La Comisionada manifestó que no se puede olvidar o pasar por alto lo suscitado durante la pandemia desatada por el Covid-19, ya que dicho tiempo representó un momento en que por fuerza mayor se suspendió la presentación de informes.

«En 2020 se dejó únicamente como atención a las solicitudes de información basados en el artículo uno de la resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para que se atendieran las solicitudes de información que tenían que ver con covid19, apegándonos a ese plazo el instituto suspendió otras solicitudes de información y se priorizaron todo lo que tenía que ver con la pandemia», explicó.

Ardón señaló que como institución no tienen facultades para ordenarle a la presidenta de la república que retire a sus ministros o sus directores y considera que ella o él harán las apreciaciones necesarias para corregir cuando sus titulares están incumpliendo con la ley.

Además, dijo que tampoco tienen las facultades para ordenar que se suspenda a un alcalde o una alcaldesa porque esa es una elección de primer grado y tampoco para ordenarle al Poder Judicial que suspenda sus magistrados porque esa es una elección de segundo grado.

La funcionaria aclaró que como ente están cumpliendo con su trabajo, pero no son un ente persecutor del delito.

«El instituto ha mostrado una postura de puertas abiertas para que juntos construyamos una mejor nación, sin embargo, cuando les presentamos los proyectos que queremos trabajar se llaman al silencio».

Ante los cuestionamientos recibidos por una organización nacional sobre el no cumplimiento de su función, la comisionada fue clara al mencionar que están haciendo lo que demanda la ley y que desconocen la razón del ataque, dejando en claro que  no tiene ninguna intención de burocratizar al IAIP. 

«Es importante recalcar que el quehacer del instituto va en dos vías: Capacitar y fortalecer a la institución para que sepan cómo deben entregar la información y como debe ser procesada», externó.

Por otra parte, reconoció la labor que ejerce el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la capacitación de la ciudadanía, mientras ellos se encuentran capacitando a los servidores públicos para estos puedan cumplir con su función de rendirle cuentas a la población.

«De nada serviría que como institución hagamos todos los esfuerzos hacia afuera cuando desde las instituciones van a venir incumpliendo al pueblo».

La comisionada recordó que la función del instituto es fortalecer las instituciones para que entreguen la información y de igual manera decirle al ciudadano que tiene un derecho universal de saber lo que hacen sus funcionarios.

De acuerdo a la representante del IAIP los cuestionamientos girados en contra de la institución se debería a que el organismo ha expedido más de 700 expedientes de sanción en donde se han llevado a cabo más de 700 audiencias de descargo a exfuncionarios públicos, en donde ya fueron remitidos al menos 300 expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR).

El ente reveló que están comprometidos para que se fortalezca el acceso a la información pública adelantado que su siguiente paso es crear los lineamientos para que todas las ONG rindan cuentas de los recursos que reciban del estado y de los recursos que de igual forma reciben a título del estado.

«El pueblo hondureño tiene el derecho de saber de donde proceden los recursos y en qué se han invertido esos recursos que los organismos cooperante han entregado», sentenció Ivonne Ardón.