Tegucigalpa.- Como parte de la política de puertas abiertas, el Congreso Nacional recibió la mañana de este miércoles la solicitud para que se derogue el decreto 92-2021, mismo que es una reforma al Código Penal en la que agravaron las penas por usurpación con el fin de criminalizar a los defensores de la tierra.
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, fue la encargada de recibir esta solicitud, presentada por los Comunitarios de Namasigüe, Choluteca; Comunitarios de Zacate Grande, Valle; y Oficiales Jurídicos de la Red de Abogados Defensores de los Derechos Humanos, quienes aseguran ser criminalizados por defender sus tierras de grandes empresarios del país.
También te pueden interesarleer
Según los pobladores, son más de 7 mil hondureños afectados. “Para la Comisión, es emblemático la problemática de la criminalización de los defensores de los bienes nacionales, de los espacios públicos. Los hemos escuchado e inclusive vamos a ir al sitio donde ellos tienen la problemática”, anuncio la comisión
Por su parte, la abogada Denia Castillo, integrante de la Red de Abogados Defensores de los Derechos Humanos, asegura que el decreto 93-2021 está orientado a anular y aniquilar a los defensores de los territorios.
“Es un decreto en el que el delito de usurpación ha sido agravado (figura legal utilizada para acusar a los defensores de la tierra) en el nuevo Código Penal la pena era de 2 a 4 años, pero con la aprobación del decreto 93-2021 pasó de 6 a 10 años”, denunció la abogada.
La Comisión también denunció que el delito de usurpación se lo aplican no solo a los defensores de Zacate Grande, si no, a todos los que defienden la tierra en el país, “un 90% de los pobres que defienden sus tierras, son acusados de usurpación”, reclamó la comisión.
El Dato
Desde hace años, la península de Zacate Grande, departamento de Valle, al sur de Honduras, está en el ojo del huracán. La antigua isla, que en la década de los 70 fue unida a tierra firme a través de la construcción de una carretera, está rodeada por tres lados por el Golfo de Fonseca.
La península cuenta con 11 comunidades donde habitan un poco más de 1000 familias que viven principalmente de agricultura y pesca, y tienen escaso acceso a servicio básico y a trabajos remunerados.
