Tegucigalpa- La Comisionada de los Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, pidió este jueves al Estado aplicar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre la construcción de una cárcel de alta seguridad en sus territorios para prevenir violaciones a sus garantías fundamentales.
En un comunicado, Izaguirre dijo que ve con «preocupación» que el gobierno pretenda construir una cárcel de máxima seguridad en territorio habitados por indígenas de las etnias misquita, tawahkas y pech.
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El Gobierno hondureño anunció la semana pasada la construcción de dos nuevas cárceles de alta seguridad para aislar a reos peligrosos y frenar sus acciones desde las prisiones, según dijo el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
Unas de las prisiones será construida en las Islas del Cisne, en el Caribe del país, y la otra, en una zona selvática entre Patuca, departamento de Olancho, y el cabo Gracias a Dios, este del país, limítrofe con Nicaragua.
Los habitantes de Gracias a Dios se oponen a la construcción de una cárcel cerca de sus comunidades e instaron a las autoridades a promover el desarrollo de la zona.
“Este gobierno no puede tomar estas decisiones sin socializar, ya que la Mosquitia (Gracias a Dios) es territorio autónomo, inviolable, indígena y que está bajo convenios y tratados y no puede aprobar”, dijo la semana pasada Modesto Morales, representante de organización Muskiti Asla Takanka (Masta).
La Comisionada de Derechos Humanos indicó que la construcción de la cárcel entre Olancho y Gracias a Dios requiere la «participación previa, libre e informada de los pueblos indígenas», pues involucra sus tierras, territorios y recursos naturales, lo cual puede «comprometer sus derechos humanos».
Cada cárcel tendrá la capacidad para alojar a 1.500 presos y estarán bajo el mando de la Secretaría de Seguridad, según las autoridades.
La ombudsman hondureña destacó la importancia de que el Estado hondureño mejore las instalaciones penitenciarias, garantice la seguridad y proteja la vida e integridad de los presos.
Instó a las autoridades a aplicar las normas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reos, especialmente la que señala que «en la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o su lugar de reinserción social”.
Los presos deben tener «contacto con sus familiares para facilitar la transición de la prisión a la sociedad una vez que cumplan su condena», enfatizó Izaguirre.
Dijo, además, que es necesario que Honduras promueva estrategias de prevención y tratamiento de la violencia, diseñe e implemente un plan nacional para reducir el hacinamiento y disminuir sus efectos.
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 26 cárceles, alberga a 19.658 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.
CON INFORMACIÓN EFE
