El caso del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, suma un nuevo capítulo. La defensa del adolescente que denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual cuestiona la actuación de los adultos que se encontraban en el bus durante el traslado y anunció que buscará determinar responsabilidades.
El abogado Jorge Petrozzi sostuvo que la familia busca identificar formalmente a quienes estaban a cargo de los estudiantes y adelantó que presentará una denuncia contra los adultos que, según su versión, no habrían intervenido ante lo ocurrido. La Defensoría del Pueblo confirmó que en el vehículo viajaban dos representantes de la institución educativa y el conductor.
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Defensa prepara denuncia contra adultos del bus
Petrozzi afirmó que la familia no esperará a que otras instituciones actúen y que presentará una denuncia penal contra los adultos que estaban en la unidad.
Según declaraciones recogidas por medios peruanos, la eventual denuncia contra los docentes se sustentaría en las figuras de omisión de funciones y omisión de auxilio. El abogado diferenció la situación del conductor y señaló que será la investigación la que determine las responsabilidades correspondientes.
La defensa sostiene que la presunta agresión no habría surgido de manera aislada y cuestiona la respuesta que habría dado el centro educativo ante antecedentes de bullying y acoso.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de la defensa y deberán ser contrastadas y esclarecidas dentro de las investigaciones oficiales.
El caso provocó una intervención extraordinaria del Estado peruano. Mediante decreto supremo, se dispuso la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras las autoridades investigan los hechos y determinan las responsabilidades que correspondan.
Fiscalía y Policía investigan la presunta agresión
La investigación se inició después de la denuncia presentada por la familia del adolescente. El Ministerio Público dispuso diligencias para esclarecer los hechos, incluida la declaración de la víctima mediante Cámara Gesell y la recopilación de testimonios.
La Defensoría del Pueblo también interviene en el caso y señaló que corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió dentro del vehículo y cuál fue la actuación de los adultos que acompañaban a los escolares.
Ante la gravedad de la denuncia, el Gobierno peruano anunció que el Ministerio de Educación asumiría la administración del Liceo Naval, con medidas orientadas a proteger al estudiante y garantizar una investigación de los hechos.
El decreto publicado posteriormente estableció la reorganización temporal de la gestión educativa y gobernanza del plantel, con énfasis en la protección integral de los estudiantes, seguridad, convivencia y prevención de situaciones de violencia.
Seis adolescentes afrontan investigación judicial
Mientras se investiga la actuación de los adultos, el proceso contra los adolescentes señalados por la presunta agresión continúa por la vía correspondiente a menores de edad.
El Poder Judicial dictó además medidas de protección para el adolescente afectado, entre ellas restricciones de contacto y disposiciones de protección durante el desarrollo de las investigaciones.
Más allá de determinar las responsabilidades individuales, el caso ha puesto nuevamente en discusión los mecanismos de supervisión, prevención y respuesta ante situaciones de violencia dentro de los entornos educativos.
El Ministerio Público, la Policía, la Defensoría del Pueblo y las autoridades educativas deberán establecer qué ocurrió, qué medidas se adoptaron y si existieron omisiones antes, durante o después de la presunta agresión.
